Cuando se aproxima la discusión del texto original del referendo en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes y ha sido convocada una Audiencia Pública para el 28 de Octubre próximo, por la misma Comisión, tres hechos recientes nos dan nuevamente la razón.

El primero es la sentencia proferida por la Corte Constitucional (T546/09), mediante la cual se establece que: “A juicio de la sala, no en todo caso de incumplimiento es válido suspender los servicios públicos domiciliarios, en el sentido de cortar totalmente el suministro de los mismos. Si el incumplimiento es involuntario u obedece a una fuerza insuperable; si, además, el domicilio a que se destinan está habitado por personas que merecen una especial protección constitucional; si el servicio es de aquellos indispensables para garantizar otros derechos fundamentales como la vida, la igualdad, la dignidad o la salud; y si, por último, se dan las condiciones establecidas en la ley para la suspensión, lo que debe suspenderse es la forma de prestar el servicio público. Es decir, debe cambiar la forma en que se suministra el servicio y ofrecerle al destinatario final unas cantidades mínimas básicas e indispensables, en este caso, de agua potable” (las negrillas son nuestras).

COMUNICADO A LA OPINION PÚBLICA

REFENDO DEL AGUA

El Comité Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, promotor del referendo por el derecho humano al agua, ante las declaraciones del Ministro de Hacienda en el sentido de convocar para la misma fecha al pueblo colombiano para que se pronuncie sobre los referendos de reelección presidencial, de cadena perpetua a los violadores de menores de edad y por el derecho humano al agua, aduciendo ahorro de costos, y teniendo en cuenta el debate nacional que se ha suscitado al respecto, manifiesta:

 1.- Que rechaza enfáticamente la modificación del texto original del referendo del agua y de los demás referendos para ponerlos al servicio de la reelección del actual Presidente de la República, Dr Alvaro Uribe Velez. Tales modificaciones que violan la Constitución y la Ley 134 de 1994, sobre mecanismos de participación, hacen inocua la recolección de firmas y en si mismas constituyen un desconocimiento al firmante que apoyó un texto y verá como se somete a votación otro, sustancialmente modificado. La anterior grave irregularidad de cambiar los textos es la que convierte en perversa la convocatoria de los referendos para el mismo día, la cual en otras circunstancias, es una opción contemplada en la Ley, razonable en términos de costos y organización electoral.